1. Prevención de riesgos laborales
2. Daños por el amianto
3. Mala praxis médica
4. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
5. Accidentes de tráfico
6. Altas y bajas médicas. Reclamaciones tribunales salud
7. Reclamaciones mutuas privadas
8. Asesoramiento a trabajadores, comités de empresa y colectivos laborales
9. Asesoramiento a delegados de prevención y comité de seguridad y salud
10. Asesoramiento especializado a asociaciones de personas con enfermedades
11. Acoso laboral.
12. Derecho a la asistencia sanitaria
13. Fibromialgia, fatiga crónica y SSQM
14. Pensión invalidez e incapacidad permanente
15. Protección a la discapacidad
16. Reclamaciones ante la Inspección de Trabajo
17. Tóxicos y contaminantes ambientales
18. Tóxicos y contaminantes laborales
19. Apoyo equipo de salud y trabajo

Los poderes públicos tienen la obligación, recogida en la Constitución, de velar por el derecho a la propia salud adoptando las medidas preventivas que sean necesarias y preservando el correcto funcionamiento de prestaciones y servicios sanitarios, así como el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social que nos asegure asistencia y protección frente a situaciones de necesidad.

Así lo dice la Ley. Desgraciadamente, no siempre se cumplen estas estrictas obligaciones que afectan a un ámbito tan esencial como es la salud y el bienestar físico.

Infradiagnósticos de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo no reconocidos, conflictos con las mutuas, altas médicas injustificadas, actuaciones lesivas de derechos por parte de organismos públicos, atención sanitaria insuficiente, prestaciones no concedidas, incumplimiento de la normativa en materia de prevención y protección de la salud de trabajadores y trabajadoras, presencia abusiva de contaminantes en nuestro entorno... las posibilidades de conflicto son muchas y es necesario contar con profesionales expertos para defender el derecho inalienable a la vida y la salud.